La defensa de los derechos laborales y el rechazo a la privatización de las empresas públicas de agua potable, serán las principales banderas de la Jornada Nacional de Lucha del 15 de enero próximo, convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Al respecto, Diario UNO recogió las opiniones de referentes sindicales.

LA MENTIRA

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), declaró que la protesta del 15 de enero se efectuará contra la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), que lanzó el Ejecutivo mediante el Decreto Supremo 345-2018, publicado el 31 de diciembre del 2018, por el cual se recorta los derechos de los trabajadores.

Indicó que representantes de las centrales sindicales se reunieron con el premier César Villanueva, y él les aseguró que no se iba a recortar derechos de los trabajadores.

Asimismo, el presidente Vizcarra anunció que cualquier tipo de modificación de derechos laborales tendría que pasar por el Consejo Nacional del Trabajo (CNT).

“Sin embargo, el Jefe del Estado obedeciendo las directivas de la Confiep promulga este DS, en la práctica engañando a los trabajadores y al pueblo. Y trae graves consecuencias porque se pretende recortar las vacaciones a 22 días, anular el derecho a la reposición cuando somos despedidos arbitrariamente. Además, reduciría la indemnización por despido”, afirmó.

PROTESTA

Según López, la Jornada Nacional de Lucha se realizará de diversas formas, de acuerdo a las condiciones de las regiones, mediante marchas, paros regionales, concentraciones en las principales plazas del país y otras formas de protesta.Dijo que las CGTP regionales están coordinando con otros sectores.

“Esta jornada es de emergencia, alertando a los trabajadores porque nuestros derechos los vamos a defender en las calles. El pueblo peruano y los trabajadores no le hemos dado una carta blanca al Gobierno para que liquide los derechos laborales, los vamos a defender en las calles”, enfatizó.

Anunció que para el 15 de febrero la CGTP convocará a una Asamblea Nacional de Delegados, que analizará la situación política nacional y regional, la situación laboral y la lucha contra la corrupción.

“Ahí acordaremos una medida de lucha de carácter nacional con mucha más contundencia, para enfrentar esta política del mandatario”, agregó.

RECHAZO A PRIVATIZACIÓN DEL AGUA

Luis Izarra, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú (FENTAP), declaró a Diario UNO que el Decreto Supremo 018 emitido por el Ministerio de Vivienda es una convocatoria pública para la contratación de operadores privados, es la búsqueda de especialistas en temas de privatización para que gestionen las empresas de agua.

Aseguró que estarían empezando con trece empresas de agua, entre estas destacan las de La Libertad y Lambayeque por ser las más grandes y porque están bajo un régimen de apoyo transitorio.

“Entonces, el Gobierno quiere entregar estas empresas bajo la modalidad de asociación público privada. En las cuales es el Ejecutivo quien entrega los recursos económicos y el operador privado los va a administrar, además van a colocar tarifas a su decisión”, aseguró.

Resaltó que “esta es una modalidad de privatización, porque son trece empresas que ya fueron intervenidas por el Ministerio de Vivienda y hay 14 más en curso que ha calificado la Sunat y pasarían por este proceso. Es decir, de las 50 empresas en el país, 27 pasarían a manos privadas”.

FRACASO

Izarra refirió que en el Perú existe una experiencia de fracaso de la privatización en este sector, como la ocurrida en el mes de diciembre de 2018, que el operador privado le devolvió al Estado Peruano la empresa Atusa, de Agua de Tumbes que la manejó durante 13 años y fracasó.

“Y ahora la está administrando el Ministerio de Vivienda, a través del Organismo Técnico de la administración de los Servicios de Saneamiento(OTASS).

Esta empresa fue privatizada bajo el régimen de Alejandro Toledo y siendo titular de Vivienda Carlos Bruce. Este operador privado recibió cerca de 75 millones de soles con tarifas que se incrementaron más de 300%”, aseveró.

Recalcó que a pesar de esta nefasta experiencia el Ejecutivo insiste, a espaldas del pueblo, en privatizar con la misma modalidad a estas 13 empresas.

“Pero este es un ensayo porque después vendría las más grandes como Sedapal y Sedapar, las empresas de agua potable de Lima y Arequipa, respectivamente”, afirmó.

ALGO MÁS

López destacó que “la CGTP tiene una posición firme en la lucha para erradicar la corrupción, y que debe caerles todo el peso de la ley a todos los que le han robado a los peruanos y por cuya culpa se ha dejado de implementar infraestructura”.

Fuente: Diario UNO.pe