Por Valentín Pacho (*)
Mientras los sectores sociales democráticos se movilizaban contra la corrupción, el presidente Vizcarra nos sorprendió con 124 páginas del Decreto Supremo 345-2018 EF sobre “política nacional de competitividad y productividad”, cuyo propósito es terminar de confiscar los pocos derechos que les quedan a los trabajadores.
El DS sorpresa propone despido arbitrario, recorte de vacaciones, además de flexibilizar la seguridad social, anular el pago de la indemnización por tiempo de servicios y no admitir la reposición por despido arbitrario. Como si esto fuera poco, plantea acabar con la estabilidad laboral e incentivar regímenes especiales pero con menos derechos laborales.
Este decreto es un mandato de CADE 2018 -el conciliábulo de los grandes empresarios encabezados por CONFIEP- que sugirió al presidente mayor “flexibilización” laboral, encargando su ejecución a Carlos Oliva, el ministro de economía y finanzas. El presidente Vizcarra solo tenía que obedecer, así lo afirma Lampadia la revista digital de la derecha peruana.
Días antes, Cristian Sánchez, hasta entonces ministro de trabajo, renunció al cargo por no estar de acuerdo con las medidas propuesta por Oliva. La digna actitud de Sánchez fue recibida con entusiasmo por el conjuro de empresarios y por Mercedes Araoz, la versatilísima vicepresidenta de la república, lo mismo que por el congresista fascistón Pedro Olaechea, el dueño de Tacama, Kill Bill del empresariado.
El tal decreto incide en una política nacional de competitividad y productividad. Bueno es aclarar que la productividad radica no solo en la destreza del obrero, sino en su capacitación, la incorporación de nuevas tecnologías para en el proceso productivo, la eficacia de los medios de producción, la incorporación de más maquinarias y herramientas, y esas mejoras las deben ejecutar e implementar los empresarios.
Dichos factores implican la inversión de capital para que los trabajadores puedan producir más y con mejor calidad. Por lo tanto, la política nacional de productividad debe ir por cuenta de los empresarios de la CONFIEP y no de los trabajadores.
La reforma laboral que pretende imponer Vizcarra busca, entonces, disminuir los derechos de los trabajadores para generar menores costos y así maximizar las ganancias de los patrones sin que estos inviertan un sol en sus empresas.
Estas mayores ganancias no implican para la CONFIEP mayores inversiones y tampoco crecimiento económico, siendo evidente que los capitales acumulados año tras año salen (fugan) del Perú hacia paraísos financieros, sufriendo nuestra país el estancamiento de su capacidad industrial instalada.
Por tanto, el reto para la clase trabajadora, las fuerzas democráticas y la izquierda peruana deber ser la lucha unitaria por la derogatoria del decreto supremo 345-2018, contra la corrupción y por cárcel para los responsables de las mafias del crimen organizado que han gobernado nuestro país en las últimas décadas y no solo por la destitución del corrupto Fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry.
Históricamente la acción de las masas en las calles han cambiado el rumbo de la historia en el Perú y en el mundo. Por ello es importante unir fuerzas para la jornada nacional convocada por la CGTP el 15 de enero próximo. ——————————————-
Valentín Pacho (*) Ex Senador del Partido Comunista Peruano. Ex Secretario General de la CGTP, Actual Vicepresidente de la Federación Sindical Mundial FSM.