ASAMBLEA NACIONAL DE LOS PUEBLOS, POR EL PODER POPULAR, NUEVA CONSTITUCIÓN Y NUEVA REPÚBLICA

Pronunciamiento

En Lima-Perú, el pasado 16 de febrero más de setecientos delegados(as), y más de un centenar de organizaciones sociales, gremiales y políticas, movimientos y colectivos, de las diferentes regiones del país participaron  y constituyeron la Asamblea  Nacional de los Pueblos, que se llevó a cabo en Huachipa; dando por inicio a una gran articulación social y política, por la defensa de los derechos sociales, políticos, económicos, laborales y por trabajo digno, que luchan por  los derechos de las mujeres y los jóvenes, por  los pueblos indígenas, por el medio ambiente y  la justicia climática, soberanía alimentaria, que difunden  y crean el conocimiento, el arte y la cultura. Pero ante todo por construir una opción de poder con protagonismo popular, para transformar las caducas estructuras de esta decadente república.

El Encuentro se desarrolló acorde a los objetivos, previstos por la Comisión Organizadora. Primero, en comisiones de trabajo se enriquecieron los Lineamientos Organizativos, Programáticos y Políticos aprobados por la Asamblea Preparatoria realizada el 27 de octubre de 2018. Después, en sesión plenaria y por unanimidad, se aprobaron, los informes de las tres comisiones, el Informe Político, la estructura orgánica, las acciones de lucha priorizadas para la coyuntura política y la composición del Comité Promotor y de Coordinación de la Asamblea Nacional de los Pueblos-ANP; como organismo de promoción, dirección y representación nacional de la ANP.

El Perú atraviesa por una profunda crisis moral y estructural, del régimen y del sistema político y de justicia imperante. Somos conscientes que ad portas del bicentenario, nuestra patria vive una encrucijada sobre la que hay que tomar posición: o se impone irreversiblemente el continuismo del modelo neoliberal excluyente y plagado de corrupción, o se abre una etapa de cambios profundos con nuevas oportunidades para los ciudadanos pobres y explotados.

Cabe recalcar que la actual crisis política es el resultado del fracaso del modelo neoliberal implantado por Fujimori en los años 90. La derecha apátrida y empresarial que sostiene este modelo, se encuentra en una fuerte crisis de representación con la bancarrota del fujimorismo y del aprismo. Por esta razón, ahora está ensayando con nuevos rostros y propuestas para mantener la continuidad del modelo neoliberal.

Con respecto al nuevo gabinete, no promete algún cambio, van a tratar de mantener el piloto automático, mientras el MEF sigue igual y controlando todo.

El apro-fujimorismo busca mantener el statu quo y  zafarse a como dé lugar de sus enjuagues con la mafia y organización de los “cuellos blancos”, buscando  evitar que sus principales líderes sean detenidos por sus vinculaciones con la corrupción, en tanto crece el deterioro de la imagen del Congreso de la República al estar desbordado por la descomposición moral de sus integrantes, salvo contadas excepciones.

El gremio empresarial –envuelto en el Caso Lava Jato tras recibir dinero de Odebrecht para favorecer a Keiko Fujimori– intentó frenar el reglamento de la Norma XVI que combatirá la millonaria fuga de impuestos a los paraísos fiscales;  a través de cartas de Roque Benavides al Ministerio de Economía y de presión  en el Congreso, pretendió bloquear la labor de la Sunat, para que la norma anti elusiva no sea retroactiva y que no se multe a las compañías infractoras.

Aunque el Premier Salvador Del Solar haya manifestado su voluntad de evitar la elusión tributaria, usando mecanismos legales ambiguos; también se requiere igual decisión para evitar la evasión de impuestos, a través de mecanismos ilegales.

Por todo aquello, la principal tarea como resultado de la Asamblea Nacional de los Pueblos, es sin duda, construir un proceso unitario,  unificando el  abanico de luchas y demandas acumulando fuerzas en un solo proceso de movilización, organización y discusión ciudadana, de construcción de poder popular y democrático; para el cambio social.

Estamos convencidos/as, en la refundación de una nueva República  y una nueva Constitución sobre la base de un consenso amplio e incluyente, la organización de un nuevo Estado soberano y laico  y el diseño de un proyecto nacional de desarrollo sustentable con redistribución equitativa de la riqueza, justicia social e igualdad de género.

Asimismo con expectativa y firmeza política, se acordó luchar por la derogatoria del D.S. 345-2018-EF y la Política Nacional de Competitividad y Productividad, que solo fue dialogada  con los gremios empresariales, excluyendo a las organizaciones sindicales. En esencia este gobierno no considera a los trabajadores como sujetos de derecho y el objetivo es debilitar más el derecho a la negociación colectiva y tener la plena libertad para despedir y acabar con los dirigentes sindicales y los sindicatos, en sentido estricto es profundizar el modelo neoliberal; mercantilizando el medio ambiente, contra las comunidades amazónicas y andinas y otros.

En esa perspectiva cumpliendo uno de los acuerdos de la ANP, se ha  participado  en la Marcha por el  8 de marzo “Día Internacional de las Mujeres”, levantando las banderas: Ni capitalismo, ni Patriarcado – Mujeres libres de violencias por igualdad de género y paridad.

Debemos impulsar y participar en  la Jornada Nacional de Protesta del 03 de abril, preparando las condiciones para el Paro Nacional Cívico y Popular, persistiendo en acciones de lucha ciudadana contra la corrupción y la impunidad; desenmascarando a los poderes fácticos y las corrientes conservadoras, negacionistas  y reaccionarias que están en aumento. Como  también expresar nuestra total indignación y  rechazo al gobierno del Presidente Martín Vizcarra por su política anti laboral, exigiéndole  en las calles  gobernar para las clases populares.

Asimismo la ANPP, se pronunció específicamente sobre la situación de Venezuela, rechazando el chantaje político e ideológico de la derecha internacional y del Grupo de Lima, manifestando que nos sentimos  avergonzados como peruanos, sobre la posición bochornosa del gobierno y su Canciller fujimorista Popolizio que han renegado del principio de no intervención y de libre determinación de los pueblos levantado con dignidad por Raúl Porras Barrenechea en 1960 en la OEA con ocasión de la discusión del bloqueo impuesto por EE.UU a Cuba.

Estamos convencidos en trabajar decididamente por la gran unidad del pueblo organizado que quiere luchar  por los cambios estructurales que nuestro país necesita, partiendo desde la propia Constitución Política y toda la arquitectura jurídica y  legal que sólo protege a los grupos de poder económico en perjuicio de las grandes mayorías de hombres y mujeres explotados y abusados en nuestro país; por ello, hacemos un llamado a todas las organizaciones populares, de base y representativas de la sociedad a sumarse para caminar juntos en estas históricas tareas.

Finalmente, nos reafirmamos en la voluntad política de  involucrarnos en un proceso colectivo y ciudadano, social y político, democrático y participativo  forjando  la gran unidad en la diversidad, en construir y desarrollar a partir de la Asamblea Nacional de los Pueblos, las bases programáticas, estratégicas y organizativas. Constituir Comités Promotores territoriales y /o sectoriales,  que se instalaran en cada distrito, provincia y región, cuya  labor será impulsar en cada una de sus localidades la participación más amplia de la población con voluntad unitaria en su constitución.

 PLATAFORMA DE LUCHA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LOS PUEBLOS

• Cambios en la política económica del país, priorizando la reactivación a través del incremento de la recaudación tributaria entre los que más ganan, terminar con las exoneraciones tributarias, devoluciones, evasión y elusión tributaria, el incremento del gasto en inversión pública con fiscalización ciudadana; la diversificación productiva con industrialización y el incremento de los ingresos de los trabajadores y de los pensionistas de todas las leyes.
• Un Presupuesto Público reactivador, que priorice el gasto en inversión y en sectores que atienden los derechos básicos de la población.
• Defensa y lucha por la educación y la salud públicas, gratuitas, de calidad y universal. Combatir la privatización en marcha de estos dos derechos humanos fundamentales.
• Una política soberana en relación con los recursos energéticos, anulando contratos entreguistas y priorizando la cobertura de la demanda de energía barata y limpia y gas para los hogares y los productores nacionales. Construcción del gaseoducto sur andina y petroquímica, ahora.
• Una nueva política agraria que priorice la pequeña y mediana producción en el campo, sustento de la diversidad, la seguridad y la soberanía alimentaria del país. Por la irrigación en Espinar.
• Pleno respeto del derecho al agua. Garantía de acceso equitativo al agua para las poblaciones rurales y urbanas. No a la privatización de las empresas proveedoras de agua y saneamiento. Tener especial cuidado con el uso del agua subterránea.
• Aceleración y culminación de las obras de reconstrucción con especial énfasis en carreteras, casas y colegios, desarrollo de políticas de prevención con protagonismo de la población organizada.
• Derogatoria de los dispositivos legales anti-laborales que desconocen el derecho a la organización y a la negociación colectiva tanto en el sector público como privado. Fin de los regímenes de excepción en el sector agro-exportador, textiles, Mypes y otros.
• Derogatoria del DS 345, apertura de un proceso de discusión nacional de la política de competitividad y productividad que incluya al Consejo Nacional del Trabajo.
• Frenar la prepotencia y la contaminación del extractivismo y la minería ilegal que degrada la naturaleza y fomenta el calentamiento global.
• Respeto al derecho de la participación popular a través del Convenio 169 de la OIT sobre consulta a las organizaciones comunitarias alto andinas, amazónicas y a los pueblos originarios sobre todo en temas extractivista.
• Derogatoria de los estados de emergencia, cese de los procesos de criminalización de los líderes sociales que defienden los derechos de trabajadores y comunidades (casos de comuneros en Cajamarca, Cotabambas, valle del Tambo, etc.; dirigentes sindicales de Tumán, Backus y otros).
• Lucha frontal contra la corrupción. No a la impunidad en todos los campos. Juicio y sanción para políticos y empresarios que han estado comprometidos en casos de corrupción.
• Recuperar el mar peruano y su actividad pesquera en beneficio de los intereses del país y de la niñez peruana. Defensa irrestricta de la soberanía marítima y aérea.
• Políticas públicas que garanticen la promoción y protección de los derechos de las mujeres. Erradicación de la violencia, el acoso y el hostigamiento contra las mujeres, y del feminicidio. Imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Por una educación con equidad de género y por el desarrollo de políticas públicas que garanticen la seguridad ciudadana.
• Cumplimiento del Acta MINSA-FENUTSSA, Año 2018: No al despido de los trabajadores CAS y su nombramiento correspondiente, así como Incremento de Incentivo único CAFAE para estatales.
• Aumento de presupuesto al Sector Salud.
• Incremento de sueldos, salarios y pensiones frente al incesante alza del costo de vida.

Las organizaciones sociales y políticas presentes en la Asamblea Nacional de los Pueblos, nos comprometemos a luchar de manera unificada por estas demandas.

Invocamos a que las fuerzas progresistas fortalezcan su articulación y unidad a todo nivel. En particular llamamos a que las Bancada de la Izquierda y parlamentarios que se identifiquen con las demandas populares actúen de manera unificada en el Congreso para frenar las maniobras de las fuerzas mafiosas y corruptas.

Lima, 19 de marzo 2019

COMITÉ PROMOTOR