El Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de la formulación de la Política Nacional de Empleo Decente, está integrado por los representantes de los sectores Trabajo, Producción, Economía y
Finanzas, Agricultura, Mujer, Desarrollo, Comercio Exterior y Turismo y Educación.
El cual, tiene como función principal formular la Política Nacional del Empleo Decente para cuyo efecto se indica en la resolución, “puede” convocar y/o requerir información a otras entidades públicas y privadas.
Ante esta situación, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), en virtud de los Convenios 144 y 122 de la OIT ratificados por el Perú, demanda que la Política Nacional de Empleo Decente sea elaborada en consulta con los trabajadores a través del diálogo social y en el marco institucional del Consejo Nacional del Trabajo (CNT) y no a través de un mero y facultativo “requerimiento” de información a otras “entidades públicas y privadas” como se dispone en la norma y que al final termina por recoger fundamentalmente los requerimientos del sector empresarial agrupados principalmente en la CONFIEP como la experiencia reciente lo confirma.
Asimismo, refiere que el Gobierno no debe repetir la experiencia negativa que ha significado la elaboración y aprobación unilateral y al margen del diálogo social de la “Política Nacional de Competitividad y Productividad” (D.S Nº 345-2018-EF) que los trabajadores y trabajadoras del país cuestionamos y rechazamos.
La CGTP pide que en cumplimiento de los Convenios 144 y 122 de la OIT, el Gobierno y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dispongan que la Política Nacional de Empleo Decente debe ser debatida y consensuada en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) para lo cual el Gobierno debe dar un giro fundamental para dejar de favorecer los intereses del sector empresarial en desmedro de los trabajadores y trabajadoras del país.
Además, la central sindical estima que en el contexto actual, la Política Nacional de Empleo Decente debe tener en cuenta el impacto económico y social del COVID-19, garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras y que no sean estos y sus familias los que tengan que pagar su impacto negativo y, para ello, es fundamental que las políticas sean definidas y consensuadas entre los actores del mundo del trabajo.
Finanzas, Agricultura, Mujer, Desarrollo, Comercio Exterior y Turismo y Educación.
El cual, tiene como función principal formular la Política Nacional del Empleo Decente para cuyo efecto se indica en la resolución, “puede” convocar y/o requerir información a otras entidades públicas y privadas.
Ante esta situación, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), en virtud de los Convenios 144 y 122 de la OIT ratificados por el Perú, demanda que la Política Nacional de Empleo Decente sea elaborada en consulta con los trabajadores a través del diálogo social y en el marco institucional del Consejo Nacional del Trabajo (CNT) y no a través de un mero y facultativo “requerimiento” de información a otras “entidades públicas y privadas” como se dispone en la norma y que al final termina por recoger fundamentalmente los requerimientos del sector empresarial agrupados principalmente en la CONFIEP como la experiencia reciente lo confirma.
Asimismo, refiere que el Gobierno no debe repetir la experiencia negativa que ha significado la elaboración y aprobación unilateral y al margen del diálogo social de la “Política Nacional de Competitividad y Productividad” (D.S Nº 345-2018-EF) que los trabajadores y trabajadoras del país cuestionamos y rechazamos.
La CGTP pide que en cumplimiento de los Convenios 144 y 122 de la OIT, el Gobierno y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dispongan que la Política Nacional de Empleo Decente debe ser debatida y consensuada en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) para lo cual el Gobierno debe dar un giro fundamental para dejar de favorecer los intereses del sector empresarial en desmedro de los trabajadores y trabajadoras del país.
Además, la central sindical estima que en el contexto actual, la Política Nacional de Empleo Decente debe tener en cuenta el impacto económico y social del COVID-19, garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras y que no sean estos y sus familias los que tengan que pagar su impacto negativo y, para ello, es fundamental que las políticas sean definidas y consensuadas entre los actores del mundo del trabajo.