El sábado 16 de abril se ha publicado la RM N° 144-2020-EF/15 que crea el Grupo de Trabajo Multisectorial, “dependiente del MEF”, para analizar las medidas y propuestas para la reactivación económica y estrategias para la reanudación progresiva de las actividades económicas.
La actual crisis sanitaria si bien es cierto es económica y social es también una crisis que afecta los derechos humanos fundamentales de las personas. Las personas y sus derechos son y deben ser lo prioritario.
En el Perú las políticas sociales y laborales aprobadas en las últimas tres décadas en el Perú no has tenido está orientación fundamental; desde las llamada “reformas estructurales” basadas en el consenso de Washington pasando por la PNCP, no han resuelto los problemas de la pobreza extrema, de la pobreza y de la desigualdad social y si, en cambio, ha favorecido la alta concentración de la riqueza. Estas políticas han gozado del consenso entre un Estado ligado a las elites empresariales expresadas en la colaboración entre el MEF y la CONFIEP y han sido impuestas a las mayorías nacionales, entre los que por supuesto nos contamos los trabajadores, que hemos enfrentado el desempleo, el empleo por cuenta propia o dependiente en condiciones de precariedad, la contención salarial, regímenes laborales discriminatorios, la temporalidad contractual y los mecanismos de tercerización con su secuela de afectación a los derechos de sindicalización y negociación colectiva.
La aprobación de las políticas de emergencia para enfrentar los impactos del COVID-19,como si nada hubiese cambiado, parecen seguir el mismo curso sobre las cuales ya la CGTP se ha pronunciado incluyendo la “suspensión perfecta de labores”, pero que incluso su aplicación genera otros problemas de mayor envergadura que comprometen gravemente el futuro del país.
El Gobierno, recientemente anunció la emisión de bonos soberanos por 3,000 millones de dólares que ha incrementado la deuda externa al BM y el FMI entre enero del 2017 y abril del 2020 en más de 3,644 millones de dólares cuyo pago será impuesto a los peruanos en los próximos años y que la CGTP condena porque compromete seriamente el futuro de todos los peruanos y peruanas y por que el Estado debe cobrar la inmensa deuda tributaria de empresas nacionales y multinacionales que bordean los más de 12 mil millones de soles y eliminar las exoneraciones tributarias que las favorece.
Por otra parte, se observa que el Gobierno parece ya ceder a las presiones de lobistas quienes se han opuesto al impuesto a las grandes fortunas argumentando que no tendrían mayor impacto. Para refutar tal argumento, basta saber que la fortuna del dueño del Grupo Intercorp asciende 3,600 millones de dólares y que si solo pagara un impuesto de 1.5% sería un monto mayor a la deuda contraída con la banca multilateral para “fortalecer programas sociales (25 de marzo del 2020)” por 50 millones de dólares. La CGTP insiste en que se debe aplicar un impuesto a las grandes fortunas.
Otro problema se viene presentando con Reactiva Perú, pues Bancos como el BCP y BBVA han manifestado que realizarán una calificación previa a las empresas y que su prioridad estará puesta en las pequeña y mediana empresa que no dudamos también son sus clientes y de alta facturación lo que significa que no beneficiaría a las micro empresas. Esta banca le ofrece a los clientes corporativos créditos con una tasa promedio de 5% anual mientras que al micro empresa una tasa anual del 25%. La Federación de Cajas Municipales cuyos clientes son mayoritariamente microempresas ha señalado que los requisitos de Reactiva Perú dejan fuera a gran parte de las microempresas. La CGTP demanda se realicen cambios a Reactiva Perú de modo que el financiamiento llegue principalmente a la microempresas que son las que más la necesitan y evitar que la gran banca priorice a sus clientes.
La CGTP demanda que la reactivación económica y las estrategias para la reanudación progresiva de las actividades económicas no deben seguir las políticas impuestas por el pacto Ministerio de Economía y Finanzas y la CONFIEP a las que nos hemos referido sino que deben tener una visión de país. La reactivación económica, en el nuevo contexto del COVID-19, debe tener en el centro a las personas, priorizar lo ambiental y social, priorizar la salud y la vida de las personas y particularmente de los trabajadores y el respeto de sus derechos. Priorizar lo ambiental y social pasa por adoptar medidas para avanzar hacia una reorientación productiva, reforma tributaria redistributiva, la protección ambiental; reforma del transporte público, la reforma profunda del sistema de salud y del sistema de pensiones, entre otras políticas que los trabajadores y nuestra central impulsaremos.
Lima 28 de abril 2020.
