El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido de manera simultánea en más de cien países. Ante esta calificación de la pandemia por parte de la OMS y al detectarse el primer caso de contagio, el Gobierno peruano mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, dictando medidas de prevención y control del COVID-19. Posteriormente, mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM declara el Estado de Emergencia Nacional y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19.
Las medidas dictadas trajeron como consecuencia la paralización de las actividades económicas a excepción de las esenciales y la adopción de medidas en el ámbito laboral que han tenido un impacto negativo en el empleo, los ingresos y los derechos laborales.
Desde el Poder Ejecutivo se adoptaban estas políticas sin consulta alguna con los trabajadores y desde el sector empresarial se exigían medidas aún más gravosas para los trabajadores para enfrentar el impacto del COVID-19; los trabajadores por su parte, a través de sus organizaciones sindicales como la CGTP y la CUT, desde las medidas iniciales demandaron que no tenían que ser los trabajadores y trabajadoras del país, del sector público y privado, los que trabajan de manera dependiente o por cuenta propia; tampoco las familias pobres y en extrema pobreza las que debían cargar con el impacto económico y social del COVID-19.
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El Poder Ejecutivo siguió adoptando medidas en las que muchas veces cedió a las presiones empresariales y, por el contrario, se negó de manera continua y sistemática a escuchar y tomar en cuenta las propuestas de los trabajadores del país. Las propuestas empresariales, compartida por el Ejecutivo, consistían en la reducción de remuneraciones, suspensión de pagos de beneficios sociales, laborales y convencionales; suspensión de labores a cuenta de vacaciones, vacaciones adelantadas, suspensión de labores sin pago de remuneraciones, despido sin pago de indemnización por despido arbitrario, ceses colectivos argumentando caso fortuito o fuerza mayor hasta llegar a proponer incluso, como también lo había propuesto el mismo Gobierno, la disposición de la CTS y de los fondos de pensiones.
El Poder Ejecutivo finalmente impuso sus políticas y terminó por acoger la mayoría de las propuestas de los sectores empresariales. Para adoptar estas medidas no tuvo en consideración diversos aspectos claves como la distribución del ingreso del capital y el del trabajo y su contribución en el PBI que revelan que la distribución de la riqueza había generado en el país una brecha importante entre la participación de los salarios en el PBI y la participación de las utilidades empresariales en las últimas décadas que definitivamente favorecieron a esta últimas generando un crecimiento sostenido de la brecha de desigualdad en nuestro país; tampoco tuvo en consideración la necesidad de diferenciar entre la gran empresa, la mediana empresa y la micro y pequeña empresa y que eran estas últimas las que más habían generado empleo; el crecimiento de las reservas internacionales y de los fondos de contingencia; las exoneraciones tributarias y devolución de IGV que han favorecido a la grandes corporaciones internacionales y nacionales.
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El presente documento analiza las principales políticas adoptadas en al ámbito del mercado de trabajo tales como el impacto de la suspensión perfecta de labores y de la disposición de la CTS y de los fondos de pensiones; las medidas respecto a los trabajadores de grupo de riesgo y con discapacidad; la debilidad institucional de los mecanismos de protección del empleo y de la remuneración. Aborda también los vacíos, riesgos y desafíos del trabajo remoto; la ausencia de políticas de promoción de la libertad sindical y del diálogo social y la debilidad del cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que adquieren mayor relevancia en un contexto de pandemia.
Asimismo, aborda los efectos negativos de las políticas desplegadas por el Poder Ejecutivo en el contexto de la emergencia sanitaria y, finalmente, el caso de los trabajadores de reparto a domicilio (delivery), las políticas de formalización y los déficits de control y fiscalización estatal.
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Complementariamente, formula un conjunto de conclusiones, recomendaciones y propuestas desde la perspectiva de los trabajadores que servirán como sustento técnico valioso para demandar un proceso de diálogo que sea capaz, en primer término, de construir consensos; en segundo lugar, que se orienten principalmente a generar puestos de trabajo, y proteger los ingresos y beneficios sociales de los trabajadores; en tercer lugar, que promueva la libertad sindical y la negociación colectiva; en cuarto lugar, garantizar el cumplimiento de las normas de salud laboral y proteger los fondos de protección social como los fondos de pensiones y las CTS evitando que sean los trabajadores quienes financien las consecuencias de la crisis sanitaria y de las políticas aplicadas.
Fuente: Presentación Propuesta CGTP-CUT.
