CONTRA LA DICTADURA DE LAS FUERZAS ARMADAS, DINA BOLUARTE Y LA OLIGARQUÍA BANCARIA Y FINANCIERA
El 4 de enero de 2023, los ciudadanos del Perú han reiniciado su protesta contra la dictadura de las fuerzas armadas, de Dina Boluarte y su gabinete y José Williams Zapata, Presidente del Congreso de la República; protestas iniciadas el 7 de diciembre de 2022.
Esta dictadura ya calificó las protestas como “actos terroristas” y a los participantes como “terroristas” y rezagos de sendero luminoso y narcotraficantes. En consecuencia, se ha iniciado un proceso de persecución contra los dirigentes de organizaciones sociales a nivel nacional; persecución que tiene por objeto generar procesos judiciales que justifiquen su detención y condena y, como consecuencia de esos procesos, el debilitamiento de las organizaciones sociales y de la lucha por los objetivos nacionales.
Los miembros de esta dictadura representan los intereses del imperialismo yanqui, de la oligarquía bancaria y financiera, de los grandes empresarios y empresas mineras y de los grandes comerciantes. Los objetivos de este sector de la sociedad son entregar las riquezas naturales a las grandes empresas transnacionales, continuar aperturando el mercado nacional a las importaciones extranjeras de productos industriales, impedir el desarrollo de la industria nacional, impedir el desarrollo de una clase obrera industrial, continuar con la dependencia alimentaria, impedir el desarrollo de una agricultura nacional que garantice nuestra soberanía alimentaria, garantizar la consolidación de las grandes empresas agroexportadoras y eliminar, en el tiempo, a los pequeños productores agrarios, a los campesinos que producen los alimentos que consumimos en las ciudades.
La inflación es, en los hechos, una reducción de los salarios, de la capacidad adquisitiva de los salarios; golpea directamente a la clase obrera y a los trabajadores en general, al trabajador formal e informal. El proceso inflacionario lo dirige el Banco Central de Reserva (BCR) y su Presidente Julio Velarde, cuyo mandato constitucional es defender la moneda nacional. Es importante tener en cuenta que la inflación en el Perú está atada a la inflación en Estados Unidos y, cada vez que la FED (Banco Central norteamericano) sube la tasa de interés en USA, el BCR del Perú también la sube; lo que trae como consecuencia inmediata la elevación del precio de las mercancías, de los alimentos, sin que se incremente el salario de los trabajadores.
Los que se benefician del proceso inflacionario de la economía son los banqueros, las grandes empresas transnacionales y nacionales y el imperialismo, al incrementar el servicio de la deuda externa. Los intereses de estos sectores sociales, que son parte integrante de la burguesía, son los que defiende la dictadura que ha capturado el poder del Estado el día 7 de diciembre de 2022.
El día de hoy, 4 de enero de 2023, Dina Boluarte, en su condición de Presidenta de la República, ha declarado que respalda al Ministerio Público en su lucha por “pacificar” el país; y la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha declarado que ha creado una comisión especial para “investigar los delitos de terrorismo”. Lo que debemos interpretar en el sentido que la protesta contra la dictadura constituye “delito de terrorismo”, que los ciudadanos que protestan cometen “delito de terrorismo” y que se justifica el asesinato de estos ciudadanos por las fuerzas armadas y la PNP, por haber estado cometiendo actos de terrorismo. Trabajo va tener esta comisión para investigar a los cientos de miles de ciudadanos que han marchado el día de hoy exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Este discurso ha sido hecho suyo por la Presidenta de la República, Dina Boluarte; por los miembros de su gabinete ministerial encabezado por el Sr. Alberto Otárola; por el Presidente del Congreso de la República, Sr. José Williams y todos los congresistas de derecha y de extrema derecha; por los jefes de las fuerzas armadas y por los empresarios representados por la CONFIEP.
Las fuerzas más oscuras de la derecha ha capturado el poder del Estado y su objetivo es limpiar de toda expresión de neutralidad o de progresismo que pudiera haber entre los funcionarios que, a la fecha, se encontraran en las instituciones que tienen, por mandato constitucional, autonomía funcional.
La derecha en Congreso ha presentado el proyecto de ley para destituir a los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), poniendo fin a su mandato antes de su vencimiento constitucional, para designar nuevos miembros afines a los intereses de la dictadura y de las clases sociales que representa; hecho que constituye una violación de la Constitución, pero que lo hacen por tener el poder del Estado en sus manos. Este proceso se ha iniciado en todas las instituciones del Estado, sin excepción. El objeto de esta medida es impedir que en las próximas elecciones pueda acceder al poder el Estado una fuerza política contraria a sus intereses.
La CONFIEP, encabezada por su Presidente Sr. Oscar Caipo Ricci, se ha reunido con Dina Boluarte y sus ministros y, de acuerdo con lo declarado por el Sr. Caipo después de la reunión, se han puesto de acuerdo para salir de la actual crisis económica y “pacificar” el país. Debemos de entender que salir de la actual crisis económica, para los empresarios, significa acceder a la caja fiscal, por diversos medios, como lo expresado el día de ayer por el vice ministro de agricultura en canal “N” sobre la crisis de la urea: ahora los agricultores podrán comprar urea en el mercado nacional, al precio que los comerciantes importadores impongan, utilizando los bonos que para estos efectos les otorgará el Estado.
El presidente de la CONFIEP ha declarado que se ha reunido con el Ministro de Trabajo y se han puesto de acuerdo para garantizar el “diálogo tripartito” e impulsar la inversión; teniendo en cuenta la voluntad política de la dictadura de derogar los decretos supremos sobre tercerización, sindicalización y huelga dados por el anterior gobierno.
El Primer Ministro, Alberto Otárola, ha declarado públicamente que el fujimorismo es la fuerza política que apoya sin condiciones a la dictadura.
En conclusión, una dictadura militar sostenida por las fuerzas económicas y políticas de la ultra derecha, del fascismo, se ha hecho del poder del Estado. Dina Boluarte y su gabinete no gobiernan, ejecutan el mandato de las fuerzas económicas y políticas que constituyen el verdadero poder y serán echados de la peor forma cuando se sientan consolidadas. Su objetivo es mantener ese poder en forma indefinida. Sólo convocarán a elecciones nacionales si tienen la convicción de que van a mantenerlo.
El asesinato de casi 30 ciudadanos en Ayacucho, Apurímac, Puno, Cuzco, Arequipa, Ancash, Trujillo, en un adelanto de cuál es la voluntad política de la dictadura frente a las protestas. Si se han reprimido en el uso indiscriminado de la fuerza letal contra los ciudadanos que han salido a protestar, es por la reacción nacional e internacional contra esos crímenes. Pero la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el Ministerio Público serán los encargados de justificar el trabajo sucio y blindar con la impunidad a los responsables, políticos y materiales.
La dictadura, con el poder del Estado en la mano, pretende hacer suya la consigna de la paz para la Nación y sus representantes manifiestan que son los ciudadanos que protestan los que imponen la violencia. Debemos de decirles que, la paz que pregonan las derechas es la paz de los cementerios. Una muestra de ello son los casi treinta asesinatos, justificados por la Presidenta, su consejo de ministros, los congresistas de derecha y los partidos políticos de derecha, sin excepción, la paz de las cárceles, la paz de la persecución.
La clase obrera, los trabajadores en general, los ciudadanos que habitamos en el territorio de la República, luchamos una paz con justicia social, eliminando toda forma de discriminación, con una justa distribución de la riqueza nacional entre los ciudadanos; defendiendo nuestra soberanía alimentaria, desarrollando la industrialización, defendiendo nuestra soberanía nacional. Toda forma de desigualdad, de discriminación, es una forma de violencia, violencia que es inherente al sistema capitalista de producción que debe ser cambiado por otro sistema, más humano, más social. Esa es la paz por la que luchamos la clase obrera, los trabajadores, los ciudadanos democráticos: “… la paz, hija de la victoria …” como manifestó Simón Bolívar el 6 de agosto de 1824, antes de la Batalla de Junín.
En esta batalla contra la dictadura, la clase obrera, los trabajadores, los ciudadanos que habitamos en el Territorio de la República, debemos tener presente la enseñanza de Salvador Allende, dirigida al pueblo de Chile el día 11 de septiembre de 1979, en el momento que se consumaba el golpe del asesino Augusto Pinochet: “El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse.”
Se ha iniciado la lucha contra una dictadura que está utilizando al Ministerio Público y al Poder Judicial para justificar sus crímenes, para criminalizar la protesta.
Lima 4 de enero de 2023
Abog. JUAN JOSÉ COVEÑAS BENITES
