“MALDITO EL SOLDADO QUE APUNTE SU ARMA CONTRA SU PUEBLO” (Simón Bolívar)
El día 19 de enero de 2023, a las 10.24 p.m., la Sra. Dina Boluarte, presidenta interina de la República, su primer ministro Alberto Otárola y otros ministros, salieron a la televisión a dar un mensaje a la Nación; mientras, en las calles de la ciudad de Lima y en ciudades del sur de la República, continuaban las protestas y la represión indiscriminada de la PNP, respaldada por las fuerzas armadas. Las expresiones arrogantes y prepotentes de los dos funcionarios, en el momento de hablar, nos llevan a la conclusión de que se sienten vencedores y que su voluntad política es mantener el poder por el tiempo que sus mandantes, el imperialismo norteamericano, la oligarquía bancaria y financiera, las grandes empresas nacionales y transnacionales, así lo dispongan. Y que sólo entregarán el poder del Estado cuando tengan la seguridad de que no van a perderlo en el tiempo.
Manifestó que los actos de violencia que estaban ocurriendo, en todo el territorio de la República eran provocados por los manifestantes, que no tienen agenda social, que sus pedidos son políticos e ilegales, que no se sabe quién los financia y que tienen por objetivo crear caos para quebrar el estado de derecho y asaltar el poder; pero que “… la situación está controlada …”
Dijo que la Fiscalía de la Nación estaba aperturando carpetas fiscales contra los manifestantes, para abrirles procesos de investigación y la denuncia ante el Poder Judicial. Que se aplicará todo el peso de la ley contra los presuntos responsables de convocar a las manifestaciones.
En ningún momento asumió, que ella o sus ministros, tuvieran algún grado de responsabilidad por el inicio de las protestas y por la muerte de más de 50 ciudadanos, la mayoría por proyectil de arma de fuego, desde el 7 de diciembre de 2022 a la fecha, en las ciudades de Puno, Cuzco, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Ancash, Arequipa. Tácitamente, dijo, que los únicos responsables eran los manifestantes y que contra ellos se está efectuando la investigación fiscal, a los que se les aplicará todo el peso de la ley. Con arrogancia y soberbia pidió “perdón” y pidió diálogo y paz.
Terminó diciendo que “… el gobierno está firme …” y que no iba a renunciar.
A continuación, el Sr. Alberto Otárola, primer ministro, dijo que las protestas constituían “… sabotaje al estado de derecho …”, que “… el gobierno está al mando de la situación y al cuidado de los derechos humanos …” y terminó felicitando a la PNP por la “… firmeza, profesionalismo y prudencia …” con las que efectuaron la brutal represión en la ciudad de Lima; esto es, sin causar ningún asesinado en esta ciudad, pero, ese mismo día se ejecutaron dos asesinatos más en el departamento de Puno.
El día de ayer, 20 de enero de 2023, continuaron las protestas a nivel nacional; y el día de hoy, 21 de enero de 2023, en horas de la mañana, la PNP inició un violento desalojo en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se alojaban los ciudadanos llegados de departamentos del interior del país, con centenares de detenidos a los que, sin duda, se les acusará de ser los causantes de la violencia que la misma PNP desato, por mandato del gobierno de la Sra. Boluarte. Es importante saber, que la violenta intervención se hizo sin mandato judicial, sin la intervención de la Fiscalía en el momento del inicio de la violenta intervención al campus sanmarquino, ni la presencia de la Defensoría del Pueblo; por lo que este acto de violencia constituye una violación del Estado de Derecho y de los derechos humanos de los ciudadanos que se encontraban ahí, por el que la Sra. Boluarte y el Sr. Otárola se rasgan las vestiduras diciendo que lo respetan y defienden. A la 1.oo de la tarde del día de hoy, 21 de enero de 2023, llegó el Fiscal a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuando los hechos ya estaban consumados y los ciudadanos que ahí se alojaban habían sido llevados detenidos a diferentes dependencias policiales; y manifestó que venía a controlar el respeto al estado de derecho y los derechos humanos de los ciudadanos detenidos violentamente por la PNP.
Lo que ha dicho la Sra. Boluarte y sus ministros, es que los ciudadanos de la República del Perú no podemos exigir, al poder constituido, Gobierno y Congreso, el ejercicio de nuestros derechos políticos, que como ciudadanos, seres humanos y miembros del poder constituyente en el Perú tenemos.
Para el gobierno, el congreso de la República, la oligarquía bancaria y financiera, para las grandes empresas nacionales y transnacionales, los ciudadanos peruanos no podemos exigir la renuncia de la presidenta, la disolución del congreso, la convocatoria a elecciones generales adelantadas y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Para estas clases sociales, integrantes de la clase burguesa, esos pedidos son políticos y constituye un delito exigirlos; y por exigir esos derechos que sí, son políticos, se va a investigar, procesar y condenar a quienes han osado levantar su voz contra la dictadura. No se va a investigar, procesar y condenar a quienes dieron la orden de disparar a quemarropa, a la cabeza, al cuerpo, y que son los responsables mediatos de más de 50 asesinatos de ciudadanos que, en ejercicio de sus derechos constitucionales, ejercían el derecho a la protesta; dentro de los que se encuentran la misma Boluarte, su primer ministro, su ministro del interior y defensa y los jefes militares. No se va a investigar a quienes ejecutaron los asesinatos a sangre fría.
En nuestra condición de ciudadanos de la República del Perú, de obreros, trabajadores, campesinos, pequeños productores, estudiantes, pequeños comerciantes, exigimos el cese de la dictadura que nos ha impuesto el imperialismo norteamericano, la oligarquía bancaria y financiera y el gran capital. Dictadura que tiene el asesinato a quemarropa como razón de ser, y bandera para imponer su poder.
No existe ninguna razón para que continúen los asesinatos a sangre fría las detenciones arbitrarias y la persecución de líderes, sociales y políticos por este gobierno. Imponer salvajemente el silencio de los cementerios, de las cárceles y de la persecución, por defender ideas diferentes a las de quienes controlan el Poder del Estado, constituye delito de lesa humanidad
Exigimos que la Fiscalía de la Nación investigue a los autores mediatos de los más de 50 asesinatos y de los cientos de heridos efectuados entre el 7 de diciembre de 2022 y enero de 2023. Los crímenes no pueden quedar impunes.
Manifestamos, públicamente, que las balas no nos van a vencer. Que, al final, los asesinos, sean mediatos o ejecutores directos, serán procesados y sentenciados, por una justicia que no será la que hoy domina la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, instituciones corruptas que defiende los intereses de las clases dominantes.
Manifestamos que la clase obrera, los trabajadores, los ciudadanos que habitamos en el territorio peruano, más temprano que tarde, construiremos una Patria solidaria, una nueva República.
Lima 21 de enero de 2023
