La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se pronuncia enérgicamente frente a las recientes informaciones vertidas desde medios de comunicación sobre la implementación de un llamado “shock de desregulación” promovido por el Ministerio de Economía y Finanzas, con el silencio cómplice del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Dicho plan, presentado como una supuesta estrategia para eliminar “barreras burocráticas” a la inversión privada, es en realidad una ofensiva neoliberal que busca debilitar los derechos laborales conquistados por años de lucha del movimiento sindical. Esta propuesta no apunta al desarrollo con justicia social, sino al beneficio de los grupos empresariales que pretenden precarizar aún más el empleo, despojando a las y los trabajadores de garantías fundamentales.
Desde una perspectiva economicista, se pretende imponer el falso dilema entre desarrollo económico y trabajo decente. Rechazamos esa visión mezquina: ningún modelo de crecimiento será sostenible si se construye sobre la base de la explotación, la desigualdad y la negación de derechos laborales esenciales.
La tercerización sin límites es ejemplo claro de esta lógica. Lejos de generar empleo de calidad, ha profundizado la desigualdad salarial, debilitado la organización sindical y permitido el uso abusivo de contratos temporales, desnaturalizándose esta figura y llegando incluso a consumar fraudes a la ley. En esa línea, los Decretos Supremos N° 001-2022-TR y 014-2022-TR representan garantías explícitas para la protección de los derechos de los trabajadores, son avances en la defensa de la dignidad laboral y la libertad sindical, al limitar esta modalidad en las actividades nucleares de las empresas y dotar a los trabajadores de protección ante el abuso de malos empresarios. En el caso de la tercerización laboral, era un imperativo jurídico y moral restringirla y limitarla allí donde es más peligrosa: en las actividades principales.
El Poder Ejecutivo insiste en políticas ya fracasadas, como las aplicadas en la Ley MYPE y el régimen agrario, que solo sirvieron para enriquecer a unos pocos a costa de los derechos de miles de trabajadoras y trabajadores. Esta ofensiva se realiza, además, al margen del diálogo social y desconociendo el rol de las organizaciones sindicales. El régimen agrario solo ha servido para favorecer la acumulación de ganancias a favor de 17 empresas agroexportadoras, a costa de la precariedad de sus trabajadores.
La defensa los derechos humanos laborales es un deber del Estado Constitucional de Derecho, además de ser parte del conjunto de deberes que asume el estado dentro del sistema interamericano e internacional de los derechos humanos.
La CGTP exige al Estado, sobre todo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el irrestricto respeto de los derechos constitucionales y fundamentales de la clase trabajadora y demanda al Congreso de la República a ejercer su rol de control político, exigiendo explicaciones a los ministros responsables de estas medidas. La clase trabajadora organizada no permitirá retrocesos ni atropellos: nuestros derechos no son negociables.
Lima, 04 de abril de 2025
CONSEJO NACIONAL CGTP