La Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP y La Central Unitaria de Trabajadores del Perú, pone en conocimiento ante la opinión pública lo siguiente:

LA AFECTACIÓN AL DIALOGO SOCIAL

Censuramos que el Gobierno, a través del Decreto Supremo N° 345-2018-EF, publicado el 31 de diciembre del 2018, fue aprobado la Política Nacional de Competitividad y Productividad en forma autoritaria, sin diálogo con los representantes de los trabajadores, y fuera del marco institucional del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo – CNTPE.

Esta decisión rompió el acuerdo del CNTPE, adoptado en la sesión del día 03 de diciembre del 2018, en donde los representantes de los empresarios, el gobierno y los trabajadores acordamos dialogar sobre esta materia antes de su aprobación diálogo que debía iniciarse a partir del 09 de enero de 2019, Por otro lado, este hecho vulnera el Convenio N° 144 de la OIT, ratificado por el Perú, porque prescinde del diálogo social como medio democrático y deliberativo para concertar políticas públicas con la necesaria participación de los actores sociales.

Los trabajadores y trabajadores le recordamos al presidente Vizcarra que fue el, quien en diciembre del año pasado prometió -como no podía ser de otro modo- que el debate de la reforma laboral se llevaría a cabo en el CNTPE, promesa que ahora ha sido incumplida.

LA PELIGROSA GESTACIÓN DE UN GOBIERNO AUTORITARIO

Sin embargo, desde el mes de agosto del 2018 los representantes de las centrales sindicales han solicitado en forma reiterada al Presidente de la República, reuniones para tratar los graves problemas que afectan a los trabajadores y pensionistas que ni siquiera por respeto como ciudadanos han sido respondidas.

La premisa de “no al diálogo” parece ser una regla de gobierno, que se ha instalado en el propio Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. A la semana de iniciada su gestión, la Ministra de Trabajo Sra. Sylvia Cáceres Pizarro tiene un conflicto de intereses con la función pública que ocupa; refrendó, en contra del acuerdo del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo – CNTPE, la Política Nacional de Competitividad y Productividad y luego, ha venido promulgando Decretos Supremos y Resoluciones que van en esta línea, sin consulta alguna a los trabajadores.

La esencia autoritaria termina explicitándose con sus declaraciones realizadas en el diario Gestión, de fecha 28 de febrero, resumida en el titular “Plan Nacional de Competitividad estará listo con o sin CGTP y CUT”. ¿Expresan acaso estas declaraciones valores democráticos?, pero además ¿Cree la Ministra de Trabajo que es viable una reforma sobre temas laborales sin la representación de los trabajadores? Al respecto, ¿no son estos síntomas y rasgos del Fujimorismo? La dictadura cerró los espacios de diálogo social, el gobierno de Vizcarra parece apostar por promover un cierre defacto; vaciar de contenido el espacio de diálogo y convertirlo en irrelevante.

En contraste con este negacionismo de la representación sindical; el Presidente Vizcarra sí es un activo partícipe de las reuniones empresariales; desde el CADE, hasta reuniones sectoriales, e incluso de corte social. Es finalmente el Presidente, también un empresario de la construcción; pero el país, y los trabajadores esperamos que sea un verdadero mandatario de todos los peruanos y que pueda desvincularse de estas relaciones y garantizar espacios transparentes, igualitarios y de respeto.

No es transparente ni ético, ni garantiza neutralidad que la actual Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo haya formado parte del grupo no institucional que elaboró para el Ministerio de Economía y Finanzas el documento denominado “Informe de Competitividad 2019” ( http://compite.pe/pdf/informe-de-competitividad-2019.pdf), generando con ello conflicto de intereses con la función pública que hoy ocupa, ya este documento es el que posteriormente fue la base técnica e ideológica para el diseño y elaboración de la Política Nacional de Competitividad y Productividad aprobada por el Gobierno. La señora Cáceres es la responsable precisamente de la parte de dicho documento relativa al mercado de trabajo; aquella que propone la rebaja de derechos laborales. Si es así como puede ejercer la función de Ministra de Trabajo. Lo correcto para no ser juez y parte, debería renunciar por decoro.

Este grupo, que además tuvo una participación activa en el CADE, fue liderado por Fernando Zavala (ex ministro de economía y finanzas y premier de PPK), y estuvo compuesto por abogados de grandes estudios ligados a la defensa de los intereses empresariales y al patrocinio de diversos casos de vulneración de derechos laborales. Este grupo ha logrado poner en la agenda del gobierno las ideas que sustentan la reforma laboral (entiéndase recorte de derechos laborales) y, de otro lado, ha conseguido poner a una de sus integrantes como Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo.

Este contexto nos permite señalar que hay una estrategia de imposición, a través de una dictadura empresarial instalada en Palacio de Gobierno.

EL PAÍS COMO UN PARIA INTERNACIONAL

Es necesario recordar al gobierno, que nuestro país tiene una larga lista de incumplimientos internacionales en materia de derechos laborales y de seguridad social. Lamentablemente esto no parece ser importante para la gestión Vizcarra.

El Perú ha ratificado acuerdos comerciales con la Comunidad Europea y los EE.UU de Norteamérica, los que se vinculan con el sistema normativo de la OIT. De ellos se desprenden que hay una obligación de no adoptar medidas que desmejoren los derechos de los y las trabajadoras, ni que atenten contra el compromiso de generar empleo de calidad y trabajo digno con pleno respeto a los derechos fundamentales.

Negar la participación de los representantes sindicales, la imposición de grupos no institucionales, que defienden en el mejor de los casos intereses empresariales, la presencia de autoridades que no garantizan una mínima imparcialidad y que son explícitamente parte de estos grupos, el incumplimiento flagrante y sin propósito de cambio de obligaciones internacionales nos producen la idea de una vuelta al peor de los pasados; pero un retorno más grave: la erosión interna de la democracia que marca el inicio del descrédito de toda la clase política y acelera la confrontación social.

La corrupción parece mutar, no se elimina con simples declaraciones sino con la coherencia diaria en los valores democráticos, con la ética, con la transparencia y el respeto, real y efectivo, en las instituciones y en el ejercicio imparcial del poder. El derecho de impartir justicia en nuestro país se tendrá que hacer sin explotación y sin corrupción.

Lima, 04 de marzo del 2019.

GERONIMO LOPEZ SEVILLANO                                                     JULIO CESAR BAZAN
SECRETARIO GENERAL                                                                      PRESIDENTE
CGTP                                                                                                    CUT