A propósito del fallo que debe emitir hoy el TC, dirigentes sindicales advierten las presiones que ejercen las corporaciones para que se les libere del pago de miles millones de soles en impuestos.

Mientras millones de peruanos se quedaron sin empleo y la crisis sanitaria por la pandemia los sigue golpeando. El Estado capturado, desde la dictadura de Alberto Fujimori, por los oligopolios y monopolios, está a punto de cometer una afrenta al pueblo y a la caja fiscal, mediante el Tribunal Constitucional (TC).

El Tribunal Constitucional resolverá hoy una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1421, presentada por el Colegio de Abogados de La Libertad que favorecería a grandes corporaciones con la anulación de S/ 9,250 millones en deudas tributarias.

EL ESTADO URGE DE RECURSOS

Al respecto, Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) manifestó a Diario UNO que nuestro país está atravesando una de las peores crisis de la historia. Y que sería un escándalo que en este momento se anulen las deudas tributarias de grandes corporaciones.

“En tiempos de crisis sanitaria y económica cuando el Estado necesita más recursos, por eso, sería indignante que el TC sentencie que la deuda quede impaga”, resaltó.

“Además estas empresas no han cumplido con pagar sus impuestos, pues están acostumbrados a evadir esta obligación. Por eso, el Tribunal Constitucional debería sentar un precedente que en nuestro país todo están obligados a pagar sus impuestos. Porque de lo contraría sería como un robo al Perú”, refirió.

NO SE CONTENTAN CON MILLONARIAS GANANCIAS

Para López: “Los monopolios y oligopolios se aprovechan de la pandemia no sólo para obtener enormes ganancias a costa de la vida y la salud de los peruanos y peruanas con el aumento del precio de las medicinas y el acaparamiento, sino también de autoridades que termina favoreciéndoles y evitar que se pronuncie a favor del Estado que los obligue a cumplir con el pago de impuestos”.

POLITICAS INEQUITATIVAS

Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) señaló a Diario UNO: “Desde la CUT siempre hemos criticado las políticas inequitativas y de privilegios con respecto al pago de impuestos. Porque mientras a los pequeños empresarios y a los trabajadores se les aplica de manera rigurosa el pago de impuestos con la SUNAT casi persiguiéndoles, a las grandes empresas se les ha dado exoneraciones y beneficios”.

Asimismo, destacó: “Además han buscado evadir el pago de impuestos y con toda frescura han judicializado las acotaciones y cobranzas que SUNAT les ha hecho. Por eso, a este nivel consideramos que el Tribunal Constitucional debería resolver obligándoles a las empresas a pagar esos dineros, pero la verdad es que no sabemos que podrá salir, porque hay grandes presiones sobre algunos miembros del TC. Por eso no sería raro que resuelvan a favor de las grandes corporaciones. En ese sentido, rechazamos de manera tajante que exista inequidades y privilegios”.

2 RESPONSABLES

Para el referente sindical: “Hay dos tipos de responsabilidades, una que es la que le compete a los gobernantes que han sido elegidos por el pueblo, en su política nefasta de privilegio a las corporaciones en base a la Constitución fujimorista, que por décadas es permitido afectando a la población”.

“El otro responsable es el propio pueblo porque es el que elige y se deja embaucar por las propuestas neoliberales y termina votando a favor de quienes terminan gobernando en su contra. Entonces, el pueblo a la luz de esta realidad de crisis económica y sanitaria vivida en la pandemia, tiene que hacer una enmienda, prepararse, participar en las próximas elecciones, optando por alternativas de cambio, democráticas, para que en el Estado haya un control efectivo de estos privilegios a las grandes empresas”, aseveró Bazán.

ALGO MÁS

Según el portal de investigación Ojo Público, la mayor deudora que pide acogerse a la prescripción es Minas Buenaventura, con S/2 mil 83 millones en litigio. La empresa es de Roque Benavides, expresidente de la CONFIEP, gremio que se opuso al D.L 1421.

fuente: Diario uno