Reforma estructural del mercado de trabajo para combatir la temporalidad, la informalidad y la precariedad laboral
La pandemia del COVID-19 develó de manera descarnada las carencias económicas, sociales y de salud que afectan a la mayoría de las familias del país, incluidos los trabajadores y trabajadoras de la ciudad y del campo; puso en evidencia, una vez más, que la causa principal de estas carencias fueron el modelo económico impuesto en las década de los 90 por el poder económico y político en función de sus intereses, muchas veces corruptos, y que los Gobiernos posteriores se encargaron solo de aplicar en piloto automático.
En el escenario mundial y en el país, hay cada vez menos espacio para este modelo y sus políticas impuestas, particularmente en materia laboral; debido al impacto de la pandemia del COVID-19, en diversos países se viene imponiendo en el ámbito económico, social y político la adopción de políticas económicas, sociales y laborales más justas que generen trabajo digno y protección social.
El Perú no debe ser la excepción, por lo que en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de trabajo y protección social, y de los objetivos del desarrollo sostenible (OD.8) el Gobierno, lo que no excluye las responsabilidades del Congreso de la República, debe adoptar políticas concretas para promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y trabajo digno o decente para todos y todas. Es la manera como se debe enfrentar el impacto de la pandemia del COVID-19 en la salud, la economía y el empleo. Algunas de estas medidas urgentes son:
● Medidas concretas para enfrentar la precariedad laboral modificando las reglas sobre la contratación temporal, respetando el principio de causalidad, y reducir las modalidades a lo estrictamente temporal; implica también generar y promover la contratación a plazo indeterminado, garantizando protección social (seguridad social en salud, pensiones dignas y seguridad y salud en el trabajo); garantizar la libertad sindical y fomentar la negociación colectiva como el mecanismo más adecuado para la mejora de la productividad y competitividad de las empresas, la mejora de las remuneraciones, las condiciones de trabajo y la seguridad y salud.
● El Estado y el Gobierno tienen la obligación de garantizar y fomentar la negociación colectiva en la administración pública.
● Terminar con los regímenes laborales discriminatorios como los de la micro- y pequeña empresa, el régimen de exportación no tradicional, el régimen laboral agrario y los contratos CAS.
● Realizar reformas al reglamento de TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo con incidencia en la sindicalización, la negociación colectiva, el arbitraje potestativo y la huelga.
● La adopción de políticas coherentes dirigidas a enfrentar la informalidad y la informalidad laboral (incentivos tributarios, acceso al crédito, capacitación, fortalecimiento del sistema de inspecciones laborales, etc.).
● Generar empleo decente con prioridad a las mujeres, jóvenes y adultos mayores.
● Emprender la reforma integral del derecho humano a la seguridad social bajo los principios de universalidad y solidaridad y que comprenda la seguridad social en salud, el sistema de pensiones y la protección contra los riegos de trabajo.
● En cumplimiento de los convenios OIT núm. 44 y 102, el Estado está obligado a crear el seguro de desempleo. La pandemia del COVID-19 evidenció la necesidad del seguro de desempleo.
● Promover y garantizar el diálogo social efectivo y con resultados en el CNTPE con una clara política laboral del Gobierno y la participación de los trabajadores y las empresas.
● El Gobierno debe enviar al Congreso de la República el proyecto de Ley General del Trabajo aprobado en el CNTPE.
● El Gobierno tiene la responsabilidad de impulsar los acuerdos arribados en el Consejo Nacional del Trabajo, especialmente en lo relativo a la fijación de la Remuneración Mínima Vital (RMV), para lo cual debe expedir un decreto supremo que regule el mecanismo para determinar la RMV.
● En esta misma dirección, demandamos la instalación de la Comisión de RMV agrícola en el CNTPE en cumplimiento del Convenio OIT núm. 98
La CGTP, en la línea de la lucha de clases, llama a los trabajadores y trabajadoras del país a mantener la unidad sindical férreamente para defender en las calles los derechos laborales frente a los explotadores de la Confiep.
CONSEJO NACIONAL DE LA CGTP
GERÓNIMO LÓPEZ SEVILLANO
Secretario General
