EL HAMBRE Y LA MISERIA NO SE COMBATEN CON BALAS
El día de ayer, 9 de enero de 2023, la ciudadanía en Puno continúo las protestas exigiendo la renuncia de Dina Boluarte a la Presidencia de la República, el cambio de la mesa directiva del Congreso de la República, la salida del todos los congresistas, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y elecciones generales inmediatas para abril de 2023.
La dictadura ha respondido con una represión indiscriminada, cuyos resultados han sido 17 personas fallecidas por impacto de proyectil de arma de fuego, y múltiples heridos de bala.
A las 10 de la noche, aproximadamente, el Sr. Alberto Otárola, Presidente del Consejo de Ministros emitió un mensaje desafiante, calificando a todos los ciudadanos que expresaron, y expresan, su repudio a la dictadura de ser terroristas, de ser financiados por el narcotráfico y la minería ilegal y que el gobierno impondrá el “orden” y el “estado de derecho”, y que no permitirán que esos ciudadanos entren a la ciudad de Lima. Y agregó que después de esa exposición se harían efectivas las medidas que se ha acordado en el consejo de ministros, para “pacificar” Puno.
El día de hoy se ha impuesto el “toque de queda” en Puno y otros departamentos del sur del país. Estableciendo, en los hechos, que la voluntad política de la dictadura, que se ha hecho del control del poder del Estado, es imponer por la fuerza, por la violencia, su dominio; y que sus llamados al diálogo, a la paz, a la concordia, son una pose demagógica para engañar a la población.
El día de hoy, en horas de la mañana, el consejo de ministros, presidido por Alberto Otárola, se presenta ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza., todos los congresistas de derecha han manifestado, públicamente, que van a votar a favor de la confianza. Con lo que tendremos una dictadura perfecta, de militares, que son los que realmente tienen el poder político en sus manos, apoyados en instituciones civiles como el gobierno de Dina Boluarte y su consejo de ministros y el Congreso de la República.
La clase obrera, los trabajadores, siempre hemos luchado por mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y de vida. Sin embargo, quienes controlan el poder político y económico emiten normas y efectúan actos de gobierno que, en los hechos, reducen la capacidad adquisitiva de los salarios y hacen desaparecer las mejores condiciones de trabajo y de vida conquistados con grandes sacrificios; para favorecer a los empresarios.
En el caso de los trabajadores campesinos, el mercado, controlado por los grandes comerciantes reduce, en chacra, el valor de sus productos agrarios y los eleva para los consumidores finales.
La calidad de la educación y de la salud se ha deteriorado desde los años 90 del siglo pasado, reduciendo a mercancía ambos derechos constitucionales; mercancías que tienen por objeto el máximo lucro para esos traficantes; cuyos representantes son congresistas de la República, que están ahí para defender sus intereses.
Todos los ciudadanos que habitamos en el territorio de la República protestamos, desde la década del 90 del siglo pasado, contra esta situación que sólo beneficia a los bancos, a la oligarquía financiera, a los grandes empresarios. Lo que establece que esas protestas no son de ahora; tienen más de 30 años, sin que la clase dominante y sus gobiernos resuelvan los problemas generados por la desigualdad y el dominio sin límites del capital.
La crisis económica, nacional e internacional, ha agravado esta situación y el hambre y la miseria han crecido en forma exponencial. Un hambre y miseria que no sienten quienes tienen el poder económico y político en sus manos y que quieren mantenerlo en forma indeterminada. Esa es una de las causas reales del golpe de estado ejecutado el día 7 de diciembre de 2022.
Entonces, los ciudadanos que protestan no son terroristas ni son financiados por el narcotráfico y la minería ilegal, como en forma insolente y prepotente manifestó anoche el Sr. Alberto Otárola, sus ministros, congresistas de la República y representantes de la clase dominante; amenazando, a los ciudadanos de Puno, con la violencia de las fuerzas armadas si no cesan las protestas.
Los ciudadanos peruanos, la clase obrera, los trabajadores, los pequeños empresarios, hemos comprendido que el origen del hambre y la miseria que se ha impuesto en nuestra Patria tiene su origen en los actos políticos y económicos de los gobiernos de derecha y sus representantes; y que esos actos políticos tienen sustento en la Constitución Política de 1993, dada por la dictadura de Alberto Fujimori. Por eso deben de irse Dina Boluarte y sus ministros, todos los congresistas de la República y las cabezas de las fuerzas armadas; por ser responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra ciudadanos que protestaban en forma pacífica y porque su objetivo es mantener vigente la Constitución Política de 1993.
Los crímenes de la dictadura no pueden ser encubiertos con los gritos desaforados del Sr. Otárola ante la televisión, ni por la fuerza de las armas como ha amenazado este aprendiz de matón.
Solo la fuerza del pueblo organizado, de la clase obrera organizada, de los trabajadores organizados podrá detener esta carnicería que se ha iniciado en el sur de la República y que amenaza extenderse a todo el territorio nacional, bajo la falsa bandera de “pacificación” del país.
Lima, 10 de enero de 2023
