La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), en su deber histórico de representación y defensa de los derechos de la clase trabajadora, expresa su más enérgica condena frente al secuestro y asesinato de 13 trabajadores de la empresa RyR, ocurrido el pasado 25 de abril en el distrito de Pataz, región La Libertad, a manos de mafias en la minería ilegales.
Estos crímenes, perpetrados con brutalidad, no son hechos aislados. Constituyen una muestra más del abandono del Estado en zonas dominadas por economías ilegales, donde la ley ha sido reemplazada por la violencia, extorsión y muerte.
Denunciamos que las mafias de la minería ilegal han convertido Pataz y otras zonas del Perú en “tierra de nadie”, imponiendo cupos, chantaje y violencia contra trabajadores y ciudadanía en general, sin que el Estado —en sus niveles nacional, regional ni local— garantice derechos ni seguridad. El hallazgo de los cuerpos, con signos de tortura, en un socavón minero el 1 de mayo, simboliza la tragedia que viven miles de trabajadores expuestos a la criminalidad sin protección real del Estado.
Resulta indignante que el premier Gustavo Adrianzén, en declaraciones irresponsables del 30 de abril, haya puesto en duda la veracidad del secuestro, demostrando negligencia e insensibilidad frente a una emergencia nacional. Del mismo modo, la actitud del jefe región policial de La Libertad, Gral. Guillermo Llerena Portal, al responsabilizar a las familias de las víctimas, confirma la desconexión de las autoridades con el sufrimiento popular. La falta de presencia efectiva de la Policía y la indiferencia gubernamental alimenta el crecimiento estos actos criminales. Tanto el premier Adrianzén, como el General Llerena deben renunciar de inmediato o ser relevados de sus puestos por el bien del país.
A ello se suma el silencio cómplice de empresas mineras, cuya omisión refleja una preocupante indiferencia frente a la violencia que golpea a sus propios trabajadores. También denunciamos la pasividad del Gobierno Regional de La Libertad y del Ejecutivo Nacional, encabezado por Dina Boluarte, cuya inacción frente al avance del crimen organizado ha dejado al Perú a la deriva.
La CGTP exige al Estado que asuma su responsabilidad en la protección de la vida, el trabajo y la dignidad de su pueblo. La lucha contra la delincuencia y la minería ilegal no puede seguir siendo una consigna vacía mientras las mafias cobran más vidas obreras.
Lima, 04 de mayo de 2025
