FENTAP denuncia procesos judiciales y sanciones contra sus dirigentes tras demandar justicia por un accidente laboral fatal y advierte sobre riesgos para la seguridad laboral y las empresas públicas de agua.
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La persecución judicial contra dirigentes sindicales, el incumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y la defensa de las empresas públicas de agua fueron los principales temas abordados por Luis Isarra Delgado, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado (FENTAP), durante una entrevista concedida al programa digital Labor Digital.
El dirigente denunció que la organización viene siendo objeto de procesos judiciales y medidas disciplinarias luego de pronunciarse públicamente sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y exigir el esclarecimiento de un accidente ocurrido en la EPS Tacna, donde falleció un trabajador mientras prestaba servicios.
«Los dirigentes nacionales de la FENTAP, una organización que afilia a más de 55 sindicatos a nivel nacional, estamos amenazados de ser silenciados a través de procesos judiciales. A través de una querella penal están tratando de silenciar a la dirigencia.»
Isarra explicó que, en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la FENTAP emitió un pronunciamiento advirtiendo que las normas vigentes no vienen siendo aplicadas de manera efectiva, situación que —afirmó— se refleja en la persistencia de accidentes, enfermedades ocupacionales y muertes laborales.
«El pasado 28 de abril, en el marco del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, emitimos un pronunciamiento manifestando que la actual Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, era una norma que solamente estaba en el papel. Hemos visto que los accidentes, las enfermedades ocupacionales y las muertes laborales siguieron ocurriendo con alarmante frecuencia.»
El secretario general de la FENTAP informó que, tras el accidente ocurrido en Locumba, Sunafil inició una investigación; sin embargo, la federación considera que las diligencias realizadas en Tacna resultan insuficientes. En ese contexto, señaló que la organización solicitó al secretario general de la CGTP gestionar la ampliación de las investigaciones, al considerar que no puede dejarse sin esclarecer un hecho que terminó con la pérdida de una vida humana mientras, paralelamente, se promueven procesos contra quienes denunciaron lo ocurrido.
«Hemos conversado con el compañero Gerónimo López para pedir en Lima una ampliación de la investigación de Sunafil porque la hecha en Tacna es insuficiente. No podemos dejar de lado la muerte de una persona y tratar de silenciar con el despido y procesos judiciales a los dirigentes.»
Durante la entrevista, Isarra también expresó su preocupación por el futuro de las empresas públicas prestadoras del servicio de agua potable frente al cambio de autoridades en el Ministerio de Vivienda. Señaló que la FENTAP ha solicitado una reunión con el nuevo titular del sector para exponer la necesidad de fortalecer la gestión pública y evitar políticas orientadas a la privatización. Como antecedente, recordó la experiencia registrada en Tumbes tras la privatización del servicio de agua.
«La experiencia en Tumbes, donde se privatizó en 2005, fue nefasta: las tarifas subieron cerca del 500% y la cantidad de usuarios disminuyó porque no podían pagar.»
Asimismo, indicó que la Asamblea Nacional de Delegados de la FENTAP evaluará las acciones que adoptará frente a las denuncias de persecución contra sus dirigentes, la situación de la seguridad y salud en el trabajo y los riesgos que, según manifestó, enfrenta la gestión pública del servicio de agua potable.
La CGTP continuará difundiendo las denuncias y propuestas de las organizaciones afiliadas a través de Labor Digital, reafirmando su compromiso con la defensa de la libertad sindical, la seguridad y salud en el trabajo, el fortalecimiento de los servicios públicos y los derechos de la clase trabajadora.
