Gerónimo López calificó estas disposiciones como “grave atentado a la Libertad Sindical” que vulnera una vez más el artículo 28 de la Constitución, así como el Convenio 98 de la OIT, pues los trabajadores no pueden ser objeto de sanciones por ejercer su derecho a la negociación colectiva y menos aún si son impuestas por el Estado que en este caso tiene condición de empleador.
“A estas restricciones o afectaciones al derecho de recurrir al arbitraje para las organizaciones sindicales y a la independencia en el ejercicio de la función arbitral, se suman las restricciones dispuestas en el DU N°020-20 cuando el Estado interviene como parte en el arbitraje”, denunció el secretario general de la CGTP.
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Con la finalidad de impedir que cada una de las partes designe árbitros, como normalmente ocurre, la modificación del artículo 7 de la ley de arbitraje, obliga al arbitraje institucional cuando el Estado es parte. Esto quiere decir que las partes deben someterse a una institución arbitral impidiendo la designación de árbitros por cada una de las partes y limitando la actividad profesional de los árbitros, señaló.
López dijo, sin embargo, que más grave aún es lo dispuesto en la modificación del artículo 8 pues señala que cuando el Estado es parte afectada con la medida cautelar, se exige como contra cautela la presentación de una fianza bancaria y/o patrimonial solidaria, incondicionada y de realización automática por el tiempo que dure el proceso arbitral.
Según afirmó, el objetivo de esta modificación sería impedir y/o dificultar que las organizaciones sindicales recurran al arbitraje, por lo que, la CGTP ha convocado a trabajadores, estudiantes universitarios, amas de casa y a los sectores populares en general, a movilizarse el próximo 19 de marzo en la Jornada Nacional de Lucha en defensa de los derechos laborales y populares.
