CGTP llama al cese de la criminalización contra la pesca industrial, afectando a miles de trabajadores.
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), en conjunto con el Sindicato de Pescadores del Puerto de Chimbote “José Olaya Balandra”, ha venido trabajando activamente en mesas de diálogo con el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), buscando resolver la grave problemática laboral y social que afecta a miles de pescadores industriales. Gracias a estos esfuerzos, se han logrado avances en temas clave, como la conformación del Grupo de Trabajo Multisectorial creado con R.M. 370-2023-TR, aunque aún quedan pendientes otros puntos de gran relevancia, tales como el cumplimiento de las cuotas de pesca, los sistemas de rotación justos y equitativos, el pago de subsidios por incapacidad temporal a través de EsSalud, y la defensa del derecho al trabajo y a la libertad sindical.
Sin embargo, nos vemos profundamente preocupados por los excesos del Poder Judicial y el Ministerio Público, quienes están aplicando una ley, originalmente pensada para combatir organizaciones criminales, sobre la pesca industrial. Esta inapropiada interpretación ha llevado a la incautación y a la apertura de procesos de extinción de dominio sobre embarcaciones industriales como el MARIANA B de PESQUERA HAYDUK y KIANA de AUSTRAL GROUP, con la intención de tratarlas como si fuesen bienes vinculados a actividades delictivas. Estas acciones están afectando gravemente la legalidad y la dignidad de la actividad pesquera, un pilar de la economía nacional, pues el Perú es el mayor productor mundial de harina de pescado.
Queremos recordar que la pesca industrial está sujeta a normativas claras, como la Ley General de Pesca, que establece márgenes de tolerancia y sanciones administrativas en lugar de considerarse delitos ambientales graves. Es inaceptable que los pescadores industriales sean tratados como parte de organizaciones criminales, sin pruebas que sustenten tales acusaciones.
Exigimos que el Estado garantice la protección del derecho a la propiedad de las embarcaciones industriales, adquiridas de manera lícita y destinadas a actividades legales. Además, demandamos que el Ministerio Público cese en su solicitud de extinción de dominio sin evidencias de origen ilícito y que el Poder Judicial evite medidas cautelares irracionales que están poniendo en riesgo la estabilidad laboral de más de 20,000 trabajadores en el sector.
La CGTP condena enérgicamente estos excesos y respalda todas las acciones de lucha que se adopten para frenar estas injustas incautaciones y proteger la dignidad de los pescadores industriales.
Lima, 14 de noviembre de 2024
CONSEJO NACIONAL CGTP
GERÓNIMO LÓPEZ SEVILLANO
Secretario general
