Cuatro dirigentes y nueve trabajadores enfrentan procesos disciplinarios tras participar en un plantón sindical pacífico realizado en julio.
Denuncian represalias de la Contraloría contra la libertad sindical
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Contraloría General de la República (SINTRACGR) denunció la apertura de procesos disciplinarios contra trece trabajadores, entre ellos cuatro dirigentes sindicales, luego de su participación en un plantón realizado el pasado 6 de julio en demanda del cumplimiento de derechos laborales y mejoras económicas para los trabajadores de la institución.
La denuncia fue expuesta por Vannessa Gissela Jiménez Martel, secretaria general del sindicato, durante una entrevista en el programa Labor Digital, transmitido en vivo el 25 de agosto de 2026. Según explicó, la organización sindical considera que los procedimientos iniciados contra los trabajadores constituyen una conducta antisindical y una medida que podría buscar intimidar a quienes ejercen su derecho a la libertad sindical.
La acción sindical se desarrolló mientras los trabajadores se encontraban en un proceso de negociación colectiva. Entre las principales demandas figuraban el aumento de remuneraciones, el pago de beneficios laborales pendientes, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), el pago de un laudo arbitral, el cumplimiento de mandatos judiciales y la ejecución de obligaciones laborales reconocidas mediante sentencias firmes.
Asimismo, el sindicato demandaba la ampliación del espacio fiscal de la Contraloría General de la República con el objetivo de permitir la obtención de beneficios económicos para los trabajadores durante el proceso de negociación colectiva.
La frase cuestionada: “Cumple tus promesas”
De acuerdo con Jiménez Martel, el argumento utilizado para iniciar los procesos disciplinarios habría sido una presunta falta de respeto al superior jerárquico y al titular de la entidad, el Contralor General de la República.
La dirigente sindical señaló que el hecho cuestionado se relaciona con la expresión “cumple tus promesas”, frase que fue utilizada durante el plantón y también figuraba en uno de los carteles que detallaban las demandas de los trabajadores.
“Nos han abierto a todos proceso disciplinario por simplemente decir —y lo dice textualmente— ‘cumple tu promesa’”, manifestó.
La secretaria general sostuvo que la protesta fue una actividad sindical pacífica y que se realizó durante el horario de refrigerio, mientras algunos trabajadores contaban con licencia sindical. Según su testimonio, la movilización no generó confrontaciones verbales ni físicas, no interrumpió el tránsito, no impidió el ingreso o salida de ciudadanos ni afectó la atención habitual de la entidad.
Jiménez Martel afirmó, además, que cuentan con fotografías y videos sobre el desarrollo de la actividad y que incluso existiría documentación policial que señalaría que no se registraron agresiones verbales durante la protesta.
Cuatro dirigentes y nueve trabajadores procesados
Actualmente, trece trabajadores enfrentan procesos disciplinarios, según informó la organización sindical.
“Ahorita somos trece trabajadores. De la dirigencia está mi persona en su condición de secretaria general; el secretario de organización, la secretaria de defensa y el secretario de cultura. Es decir, cuatro dirigentes y nueve trabajadores”, precisó.
Los otros nueve trabajadores incluyen, según indicó Jiménez Martel, a integrantes de la comisión negociadora. La dirigente cuestionó que trabajadores que participaron en una actividad sindical durante su horario de refrigerio hayan sido incorporados a estos procedimientos. También expresó preocupación por los elementos utilizados en el inicio de los procesos. Según explicó, los videos institucionales no tendrían audio y existiría un material remitido por el jefe de seguridad que habría sido identificado como editado.
Para el sindicato, estos elementos deben ser evaluados con rigurosidad antes de determinar responsabilidades. Jiménez Martel sostuvo que los procedimientos no tendrían una motivación suficiente y que la medida representa un riesgo para el ejercicio de la libertad sindical dentro de la institución.
Reclamo sindical logró avances en demandas laborales
Durante la entrevista, la secretaria general informó que, pese a los posteriores procesos disciplinarios, la acción sindical permitió avances en algunos de los reclamos planteados por los trabajadores.
Uno de ellos fue el pago de la CTS correspondiente al año 2015, que, según señaló, ya contaba con certificación presupuestal desde abril. También informó que, en una reunión sostenida el 8 de julio con asesores de la alta dirección, se presentó una propuesta relacionada con el pago de un laudo arbitral pendiente desde 2021.
Asimismo, indicó que recibieron información sobre disposiciones para avanzar en el cumplimiento de mandatos judiciales pendientes de ejecución.
“Y eso es lo que se logró a partir de esa acción de lucha que, como señalo, se encuentra perfectamente amparada dentro de la legislación constitucional y legal peruana”, sostuvo Jiménez Martel.
Desde la perspectiva del sindicato, estos resultados evidencian que la protesta estuvo vinculada directamente con demandas laborales concretas y con el proceso de negociación colectiva desarrollado por los trabajadores de la Contraloría.
Sindicato alerta sobre posible intimidación
Otro de los aspectos cuestionados por la dirigente sindical es la rapidez con la que se habría iniciado el procedimiento contra los trece trabajadores. Según relató, el hecho ocurrió el 6 de julio y el inicio de los procesos disciplinarios fue comunicado antes de finalizar el mismo mes.
Jiménez Martel contrastó esta situación con otras denuncias que, según manifestó, permanecen en evaluación dentro de la Secretaría Técnica. Entre ellas mencionó denuncias por incumplimiento funcional presentadas anteriormente por los trabajadores.
Para la secretaria general, esta diferencia genera preocupación sobre los criterios aplicados en la atención de los procedimientos y podría reflejar una intención de amedrentar o intimidar a la organización sindical.
“Esto es una muestra de que está dirigida la sanción o el proceso de sanción con la intención de amedrentar, intimidar a la organización sindical, a los trabajadores”, afirmó.
La dirigente sostuvo que estas medidas no modificarán el plan de trabajo del sindicato ni sus acciones en defensa de las mejoras laborales para los trabajadores bajo los regímenes 728 y 1057.
“Estas acciones no van a mellar nuestro plan de trabajo en búsqueda y en defensa de los derechos y mejoras económicas para todos los trabajadores 728 y 1057”, señaló.
Defensa de la libertad sindical
En su mensaje final, Jiménez Martel sostuvo que el caso debe ser analizado como un problema relacionado con el ejercicio de la libertad sindical y recordó la importancia histórica de la organización de los trabajadores en la conquista de derechos laborales.
También hizo un llamado a los funcionarios de la Contraloría General de la República para que reflexionen sobre las consecuencias de estos procedimientos y restablezcan una relación institucional basada en el diálogo y el respeto a los derechos sindicales.
La dirigente recordó que, según su testimonio, el sindicato ha participado anteriormente en acciones de defensa institucional junto con la propia gestión de la Contraloría, particularmente frente a intentos de reducción presupuestal.
“No entendemos ahora cómo una acción pacífica termina siendo sancionada”, manifestó.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Contraloría General de la República anunció que continuará utilizando las vías de diálogo y las acciones sindicales para defender los derechos de los trabajadores. El caso plantea, además, un debate sobre las garantías que deben existir para el ejercicio de la actividad sindical y la participación de los trabajadores en acciones colectivas vinculadas a sus demandas laborales.
La CGTP reafirma la necesidad de garantizar el respeto irrestricto de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de los trabajadores a organizarse y defender sus reivindicaciones sin ser objeto de medidas que puedan afectar o desalentar su actividad sindical. Las instituciones del Estado deben constituir un ejemplo en el respeto de los derechos fundamentales de quienes trabajan en ellas.
